La ley 2/2023 fijo como plazo el 13 de marzo para que las empresas con más de 250 trabajadores y las administraciones públicas tuvieran instaurado un canal interno de denuncias. El plazo se extendió al 1 de diciembre para las empresas que tuvieran entre 50 y 249 trabajadores en plantilla.
El canal de denuncias es un mecanismo interno por el cual, cualquier persona u organización relacionada con una empresa puede denunciar prácticas irregulares o ilícitas que se observen dentro de la compañía.
Esto significa que podrán utilizarlo los trabajadores, los directivos, los clientes o los proveedores, comprometiendo a la empresa a tomar medidas para resolver el problema.
El canal de denuncias no es un buzón de sugerencias, ni un canal de reclamaciones. Como nos explican los gestores de We are Propos, una asesoría que orienta a las empresas en temas éticos, sociales y jurídicos, se trata de un sistema de gestión y resolución de irregularidades en el seno de la empresa.
Con la aplicación de esta medida no significa que el gobierno desconfíe de la honradez de las empresas, al contrario. Este sistema supone un avance en la transparencia dentro del mundo empresarial.
Las administraciones públicas han sido las primeras en aplicárselo. Desde que se aprobó la ley, hospitales, centros de salud y servicios administrativos de atención al ciudadano cuentan con sus propios canales de denuncia. Hasta diciembre del 2023, se está trabajando para que la medida se extienda a todos los ayuntamientos de España que gestionan municipios de más de 10.000 habitantes.
La obligatoriedad de los canales de denuncia compromete tanto al sector público como al privado. Se trata de un avance en la lucha contra la corrupción a todos los niveles, que se está aplicando en toda Europa.
Una directriz europea.
La existencia de los canales de denuncia arranca de una directriz europea. En concreto, de la directriz Whistleblowing, aprobada por el Parlamento Europeo en el 2019.
Con ello se pretende evitar y corregir irregularidades que se dan en el seno de las empresas. Hace 10 años, la multinacional alemana Mercedes Benz falseo sus informes sobre la emisión de gases contaminantes emitidos por sus vehículos. De esta forma comercializaba como “ECO” coches que utilizaban motores que no se ajustaban a las normativas europeas. Lo hicieron para dar salida a su producción, pero en realidad se trataba de una estafa para los consumidores.
El escándalo saltó a los medios de comunicación cuando los vehículos ya estaban a la venta. Muchos trabajadores y directivos de la empresa eran conscientes de la artimaña cometida; sin embargo, carecían de un canal interno para atajar la operación. Su única solución hubiera sido denunciarlo a los tribunales, jugándose su puesto de trabajo.
La directriz europea, al tiempo que exige la instauración de los canales de denuncia, garantiza que no se tomarán represalias contra el denunciante. También prevé el anonimato del mismo, si la denuncia puede tener repercusiones contra su persona.
España ha tardado casi tres años en adaptar la directriz europea a la legislación nacional. Aunque no se ha hablado mucho de ello en los medios de comunicación, ha sido un tema espinoso. Sin embargo, países como Alemania, Francia y Holanda llevan años aplicándolo sin suponer ningún obstáculo al funcionamiento normal de las empresas.
La revista jurídica elderecho.com informa que la no instauración de los canales de denuncia en nuestro país está sujeto a sanción económica. Con multas que van desde los 1.000 € hasta los 300.000 € para las personas físicas y hasta el millón de euros para las personas jurídicas.
La resistencia continuada a aplicar la ley o las faltas muy graves pueden dar lugar a la pérdida de subvenciones públicas y beneficios fiscales para la empresa amonestada durante 4 años e, incluso, la prohibición de participar en contratos con las administraciones públicas durante 3.
Cómo funciona el canal de denuncias.
Todo comienza por nombrar un equipo de gestión del canal de denuncias, con un responsable a la cabeza. La ley española establece que el responsable debe contar con el beneplácito de la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores. Cabe la posibilidad de que la gestión del canal se puede externalizar; es decir, delegarla en una asesoría o en un equipo externo a la empresa. Esta no es una mala idea, ya que se garantiza la autonomía del canal.
Seguidamente, hay que establecer un reglamento de funcionamiento. Unas vías por las cuales, cualquier denunciante pueda hacer llegar sus denuncias al canal, que puedan ser tenidas en cuenta y que se efectúe su resolución.
Es importante que el canal sea accesible a todas las personas con derecho a denunciar. La utilización de aplicaciones y soluciones informáticas facilita este aspecto.
El sindicato U.S.O. (Unión Sindical Obrera) recuerda que podrán utilizar el canal de denuncias todos los trabajadores que estén en plantilla de la empresa, con independencia de su puesto de trabajo y categoría profesional, los autónomos y otras empresas que mantengan una relación económica o comercial con la compañía, los accionistas, los miembros de los consejos de administración y órganos directivos de la empresa, así como las contratas, subcontratas y cualquier empresa o persona que trabaje para o bajo la supervisión de la empresa.
Un aspecto determinante en los canales de denuncia es el de salvaguardar los derechos del denunciante. No se podrán tomar ningún tipo de represalias, ni amonestación a la persona que ha denunciado los hechos. Su identidad debe mantenerse en secreto. De la seguridad del denunciante responde personalmente el responsable del canal.
La gestión del canal es un asunto de primer orden para asegurar su buen funcionamiento. El canal solo podrá ser utilizado para tratar temas importantes. No se puede convertir en un buzón de quejas donde todo cabe. Por eso, de antemano, se debe regular qué asuntos tienen o no cabida en el sistema, siempre respetando lo que establece la ley.
Cada canal de denuncias puede establecer particularidades en su funcionamiento, pero a grandes rasgos podemos decir que este es el protocolo por el que se guían:
- Paso 1: El denunciante hace llegar una denuncia a través del canal habilitado para ello.
- Paso 2: El equipo de gestión del canal tiene un plazo de 7 días para pronunciarse sobre si la denuncia prospera o no. La aceptación de la denuncia depende de que en los hechos relatados se aprecie indicio o no de alguna irregularidad o comisión de delito. Si la denuncia es desestimada, debe argumentarse el porqué. También debe indicarse los defectos de forma, en caso de que existan, para que puedan ser subsanados.
- Paso 3: El equipo tiene un plazo de 3 meses para realizar un proceso de investigación de los hechos. Este plazo se puede prorrogar por 3 meses más.
- Paso 4: Pasado este tiempo, el equipo de gestión remitirá a la empresa una propuesta de resolución con medidas disciplinarias, de reposición y subsanación o remitirá el caso a la administración de justicia, si procede.
El equipo de gestión del canal deberá conservar un registro en el que se recogen todas las denuncias presentadas y las acciones efectuadas durante el proceso de resolución. La información deberá conservarse durante un periodo máximo de 10 años.
Una medida beneficiosa para las empresas.
Si bien esta medida es obligatoria por ley, no se puede entender como si fuera un trámite farragoso. Al contrario, se trata de una norma que mejora la imagen e integridad de las empresas. Aunque todo depende de cómo se aplique, consolida a las empresas como ámbito seguro en el que se pueden evitar actos reprobables, denunciándolos cuando se cometan y resolviéndolos para solventarlos.
La resolución de problemas en el seno de la empresa refuerza a la organización. Puede que se cometan errores e irregularidades en el desempeño de su actividad, pero es la propia empresa la que se va a encargar de solucionarlos y evitar que se vuelvan a cometer.
Esto significa que la empresa se compromete a velar por un funcionamiento moral y legalmente íntegro. Que cuando en el seno de la propia compañía se cometen actos que no son aceptables, es la propia empresa la se preocupa por resolverlos.
En cierto modo, con los canales de denuncia se amplía la democracia en el ámbito empresarial. Cualquier miembro de la empresa puede denunciar hechos que no le parecen justos o correctos. Sus derechos están protegidos en todo momento. Además, el derecho a denunciar se extiende a cualquier persona u organización que esté relacionada con la empresa. Aumentando la confianza y la seguridad de trabajar con esa compañía.
Con los canales de denuncia aumenta la colaboración de las empresas con la ley y con la administración de justicia. Una vez investigados unos hechos irregulares, si estos son imputables como delitos, serán los propios canales de denuncia los que harán llegar el caso a los juzgados. Sin esperar que una demanda externa sea la que saque a la luz la situación irregular, instigando la mala prensa de la empresa.
Los canales de denuncia son un paso importante hacia un funcionamiento más ético y transparente en el seno de las empresas.
